Tienen derecho a ser consultados ante medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. No: esta vez no me refiero a los pueblos indígenas, que tras una lucha de muchos años han logrado que se reconozca este derecho a través de la Ley de Consulta Previa. Esta vez me refiero a otro “derecho de consulta” tácito, que se viene aplicando con normalidad desde siempre: el de los grandes grupos económicos, especialmente la minería y las industrias extractivas.

¿Cómo llamar, si no, al privilegio que tienen las empresas mineras de “negociar” el monto del impuesto a las sobreganancias? ¿A quién más le preguntan cuánto desea pagar? ¿A usted, querido cibernauta, le han preguntado si le gusta pagar el 18% de IGV? A mi tampoco. Ni he podido “dialogar” con el Gobierno acerca del Impuesto a la Renta ni de 5ta ni de 4ta categoría. Tampoco nadie me ha preguntado sobre los tributos municipales, ni sobre el impuesto selectivo al consumo que pago cada vez que me tomo una cerveza.

En cambio los grandes dueños de este país, es decir, los grandes dueños de las minas de este país, ¡ah no!, con ellos la cosa es diferente. A pesar de que hace cinco años fue consenso electoral establecer un impuesto a las sobreganancias mineras -pues los dos candidatos que llegaron a segunda vuelta lo propusieron- lograron patear el tema a cambio de un simpático “óbolo” administrado por ellas mismas. Y no sólo eso: en las últimas elecciones la propuesta de gravar más a la gran minería se convirtió en un enorme consenso nacional, pero aún así se impuso la “necesidad” de ser “dialogantes”. Todos -analistas, periodistas y políticos del gobierno y de la oposición- han señalado que este es un gesto muy positivo que demuestra que no se ha optado por una opción autoritaria.

¿Así que ahora la facultad constitucional de fijar impuestos es “autoritaria”?

Y no se vaya a creer que el impuesto a las “sobreganancias” es un capricho. Es necesario explicar esto, porque hay algunos que dicen que el concepto mismo es equivocado pues el objetivo de la actividad privada es lucrar y no se puede hablar de “lucro excesivo”. Veamos: hace unos años, por ejemplo, el precio de oro era de 400 dólares la onza, así estaba el mercado y ya entonces era un negocio redondo y por eso había inversiones enormes en minería aurífera; luego la onza superó los 800 dólares, luego pasó los 1200, llegó a 1400 y ahora último batió todos los records alcalzando los 1800 dólares. ¡Estamos hablando de casi 400% más! Cabe añadir dos cosas: primero, que esa diferencia de precio no tiene nada que ver con ningún mérito de ninguna empresa, pues sólo es producto del juego del mercado; y segundo, que esa ganancia es obtenida por las empresas vendiendo un recurso natural agotable. Tomando en cuenta todas estas razones, y no con poco debate, se ha llegado a un amplio consenso social: eso significa una ganancia excesiva y el país tiene derecho a percibir más dinero a través del bendito impuesto.

Pero no bastó con que todos, excepto los mineros y sus operadores políticos, estuvieran de acuerdo: no, no, era necesario sentarse con los señores, explicarles el tema y preguntarles cuánto estarían dispuestos a pagar, tratando de negociar a fin de sacar la mayor tajada posible.

Parece ser que ya se consensuó con las mineras, “a través de sus instituciones representativas” (como dice el convenio 169 de la OIT) un aporte adicional cuyo resultado promedio podría estar en torno a 3 mil millones de soles. Ok. Muy bien. Chévere. No queda claro aún si eso significa un gravamen adicional de 1%, 2% o qué porcentaje o bajo qué mecánica.

Pero lo triste del asunto es la naturalidad con la que todos aceptamos que hay algunos peruanos que tienen más derechos que otros.

Ahora en la mañana escuché una entrevista a Jorge del Castillo, quien felicitó al Gobierno por haber optado por el diálogo. “Se temía que esto se iba a hacer mediante una ley que sería aprobada al carpetazo, pero felizmente se optó por el diálogo”, señaló el gestor de la limosna minera del Gobierno anterior. ¡Jorge del Castillo! ¡Él, que en su momento aprobó 11 decretos legislativos -que ni siquiera pasaron por el Congreso- que afectaban a los pueblos indígenas sin consultarles, y no le veía el problema a esa conducta!

Para todos parece ser natural “dialogar” con los mineros y no hacer nada si es que ellos no están de acuerdo. Pero a muchos ha sorprendido que los pueblos indígenas tengan el mismo derecho, y eso que este último caso está amparado por convenios internacionales. Aún ahora muchos se rasgan las vestiduras afirmando que la consulta a los pueblos indígenas no debe ser vinculante porque eso ocasionaría la parálisis del país. Como quien dice, “ya, está bien, les consultamos, pero de ahí a hacerles caso, ¡no te pases!”.

Es la diferencia entre apellidarse Shimbucat y apellidarse Benavides. O, para no hacer énfasis en los apellidos, es la diferencia entre tener capital para mover miles de millones en una mina y “sólo” ser miembro de una comunidad amazónica.