Cada vez estoy más convencido que si la absurda muerte de Ciro Castillo y el más absurdo todavía sacrificio simbólico de Rosario Ponce pueden tener algún sentido, ese sentido es servir de punto de inflexión para la regulación de los medios de comunicación.

El tratamiento mediático de este caso ha sido un asco y nos ha mostrado cuán viles pueden ser los periodistas y los empresarios de la comunicación.

En primer lugar, han convertido en un tema nacional el triste drama de dos jóvenes y sus respectivas familias, personas que no eran personajes públicos, que no habían optado por la vida pública y que, por lo tanto, no tenían por qué perder su derecho a la intimidad. Hasta un  periodista de reconocida trayectoria, como Ricardo Uceda, cometió la bajeza de publicar un mensaje de texto de carácter íntimo. Simplemente, inaudito.

En segundo lugar, dieron una cobertura asimétrica a casos del mismo tipo, sin explicar en ningún momento por qué un desaparecido era más importante que otros miles. Los 15 mil desaparecidos durante la violencia política, el mayor Bazán desaparecido durante el Baguazo, los seis campesinos desaparecidos en marzo en Áncash mientras buscaban a su ganado, y los otros miles de desaparecidos anónimos, no han tenido la suerte de que la presión mediática obligue a la Fiscalía a no parar la búsqueda y a destinar importantes recursos para encontrar “la verdad”. Los medios no se han tomado la molestia de explicar por qué hay desaparecidos de primera y de segunda categoría: parece que no se han dado cuenta que ya pasó la época del perro del hortelano.

En tercer lugar, han desvirtuado totalmente la función periodística de construir una “imagen del mundo” que ayude a comprender lo que ocurre a nuestro alrededor. Han construido una imagen distorsionada en la cual este caso ocupó primeras planas, decenas de minutos de cobertura especial, entrevistas, viajes, artículos de opinión e hipótesis absurdas de todo tipo. Ese hecho ha recibido una importancia que no tiene, al tiempo que ha ayudado a opacar muchos otros procesos que están ocurriendo en este momento, desde los continuos derrames de crudo en el Oleoducto Norperuano –que también afectan a padres de familia que luchan heroicamente por sus hijos, aunque Nicolás Lúcar no lo sepa- hasta la discusión más de fondo de las iniciativas buenas y malas del nuevo Gobierno. Si uno mira el conjunto de medios durante los últimos meses, se llevará una imagen estúpida de nuestro país. Pero claro, es mucho más bacán manipular los sentimientos más básicos del público para asegurar las ventas que tomarse la molestia de investigar y ayudar al público a entender cosas que sí van a tener impacto en sus vidas futuras.

Y en cuarto lugar, por supuesto,  han tomado partido. Han hecho las veces de jueces en un caso en el que el sentido común hubiera indicado que, por lo menos, no se podía decir nada. Han encontrado una culpable, la han tildado de fría, insensible, mentirosa, contradictoria, engreída y otros mil adjetivos. Han violado uno por uno todos los principios de la ética periodística más básica con tal de construir su telenovela. Si tenían que ingresar al colegio del niño de Rosario Ponce, lo hacían; si tenían que perseguirla por la calle para tratar de que reaccione agresivamente, lo hacían; si tenían que difundir declaraciones suyas en entrevistas sicológicas o judiciales, por naturaleza reservadas, lo hacían; en fin… Después de tantos meses de machacar que hay una culpable, lo sorprendente es que Ponce no haya sido víctima de algún ataque personal de importancia, a parte de los infinitos insultos en la calle y de algunas agresiones a su domicilio. Rosario Ponce ha sido sacrificada de manera simbólica, se ha buscado destruir su imagen y, sin duda, se ha afectado ampliamente su vida personal, familiar y su estabilidad sicológica. Más aún tratándose de una persona que ya había pasado por una situación física y sicológicamente extrema, al haber sobrevivido a la montaña que, finalmente se tragó a su enamorado.

Esta noche pude ver las imágenes de canal 4 donde mujeres arequipeñas con velas gritaban, convencidas, que Rosario Ponce era una “asesina”. Me quedé impactado. No había podido ver esas imágenes antes. Y me pregunté, ¿qué han hecho los medios de comunicación durante estos meses? ¿Qué mierda han hecho? Por supuesto, aquí se juntan el hambre y la necesidad, como se dice: la basura transmitida durante casi ocho meses por los medios se articula con la humana necesidad de juzgar a terceras personas para no tener que ver nuestras propias miserias, como muy bien lo ha dicho en un reciente artículo Héctor Huerto.

Pero reconocer la mediocridad del público no libra de responsabilidad a los medios.

Esta semana también Patricia del Río publicó un artículo donde, en cierta forma, reduce el peso de la responsabilidad de la prensa. Por supuesto, Patricia reconoce que “soslayar la responsabilidad del periodismo en este caso sería estúpido”. Pero el énfasis en su texto tiene que ver con el hecho triste de que “somos una audiencia morbosa y víctima (…) que no cambia de canal, no deja de comprar el diario y se sabe todos los detalles de esa historia de la que se supone ya estamos haaaaartos”.

Hay un problema con ese análisis. Si todos, absolutamente todos los medios ofrecen la misma basura, ¿a qué canal quiere Patricia que cambiemos? Si hasta La República ha caído en la utilización comercial de este drama particular, ¿qué podemos hacer? ¿Qué hacer con el grupo El Comercio, que según algunas cifras concentra casi el 40% de la lectoría nacional a través de sus tres pasquines (Trome, Perú.21 y El Comercio) y hasta el 32% de la audiencia a través de América Televisión, y utilizó todo ese poder para sacarle el máximo provecho posible al caso?

Argumentos como “pero puedes cambiar de canal” son un problema porque son mentira. Porque no ven al sistema de comunicación como un conjunto que responde a ciertas lógicas, en este caso mercantiles. Lo que queda demostrado es que los mercaderes de los medios, movidos por un ánimo de lucro, cuando se enfrentan a un caso como este están más que dispuestos a sacrificar el “espíritu periodístico”.

Regular los medios

Pienso que si la sociedad peruana puede darle un sentido constructivo a esta tragedia, ese será la regulación de la prensa. Yo sé que muchas personas con buenas intenciones se van a rasgar las vestiduras al leer estas palabras, y van a pensar en el consabido recurso de “regular a la prensa es peor” porque se presta para la limitar la “libertad de expresión” y que “mejor es la autoregulación”.

Pero he podido constatar que hay un creciente sentimiento de asco y hartazgo en un importante sector, especialmente juvenil. Habemos muchos que estamos sinceramente hastiados de que los periodistas se comporten como pirañitas y que el único afán que mueva a los medios de comunicación sea vender. Además, hemos sido testigos de que la autoregulación es claramente insuficiente.

Hablar de “regulación” de la prensa no tiene por qué asustarnos, sobre todo  si se hace con tino y se evita tentaciones autoritarias, cosa que es perfectamente posible. Cuando los medios rechazan la regulación porque la asocian con censura, me recuerdan a las empresas mineras que asociaban regulación ambiental y ley de consulta con actitudes “antimineras” (¿?) o a los empresarios del transporte que rechazan el ordenamiento del tránsito o a los industriales que rechazan el etiquetado de sus productos transgénicos. ¡Vamos! Cuando se trata del interés público, la sociedad tiene derecho a regular cualquier sector y cualquier actividad, y el punto es lograr que esa regulación sea óptima, sensata, inteligente.

Un par de ideas al respecto.

Primero que nada, la sociedad debe garantizar que el fin de lucro no sea el único fin perseguido por la prensa. Ese es uno de los temas de fondo, yo diría que es el “quid” del asunto. Para ello, debe garantizar que no sólo sociedades comerciales tengan poderosas iniciativas mediáticas, y la única forma de hacerlo es financiar o dar facilidades para el desarrollo de iniciativas diversas. IDL Reporteros, Enlace Nacional o Servindi, entre muchas otras, son iniciativas que, por la calidad de sus contenidos, merecerían la oportunidad de llegar al gran público, pero el “libre mercado” lo impide. IDL Reporteros, por ejemplo, desarrolla investigaciones contundentes, como la de Chehade y la de la corrupción en el sector pesquero peruano: pero sólo llegan a la “opinión pública” los temas escogidos por el cartel de dueños de grandes empresas mediáticas, en este caso el de Chehade y no el de la pesca. Simplemente, no es justo y es contraproducente para fortalecer la democracia peruana.

Si se lograra más pluralidad, ya se habría hecho casi todo el trabajo. El caso de Ciro, por ejemplo, hubiera sido explotado sólo por el sector mercachifle de la prensa, no por todo el aparáto mediático nacional, y la sensación de cargamontón hubiera disminuído mucho.

Ahora bien, hay una serie de temas adicionales, como la regulación de contenidos machistas (que abundan en la publicidad y en los programas cómicos, por ejemplo), así como racistas o violentistas, y el cumplimiento de los principios básicos del periodismo (cruce de fuentes, honestidad y precisión de la información, entre otros) que merecen ser regulados por algún organismo que pueda actuar rápidamente e imponer sanciones –al margen de la vía judicial, tal y como la OEFA y la ANA pueden sancionar la contaminación independientemente de lo que haga el Poder Judicial. Dicha regulación no puede estar en manos del Ejecutivo (como actualmente ocurre en el caso de la radio y la tele). Es indispensable la existencia de un organismo autónomo y plural, con representación de todos los sectores de la sociedad, con alta legitimidad, que no tenga rastro de “interés político”. Que queda claro: no se trata del poder político censurando a los medios, sino de la sociedad regulando la función social de la comunicación.

Hace unos años, cuando se trató de modificar la regulación a través de una Ley de Radio y Televisión, el cartel de dueños de medios hizo un intenso lobby y logró que calara la idea de que “regulación” era igual a censura. Bueno, pues tuvieron la oportunidad de demostrar cuál era la “libertad de expresión” que defendían. ¿Es la misma que defendemos nosotros?