Quiero conocer a un antiminero. Hasta ahora, nunca he tenido esa oportunidad.

He llegado a pensar que no existen, a pesar de que la prensa coloca titulares con ese mote casi todos los días.

Es posible que sí existan. Por ejemplo, los comuneros de Andahuaylas que hace unas semanas realizaron un paro bastante masivo contra toda minería “formal e informal”. En todo caso, no tuve la oportunidad de conversar directamente con ellos, y mientras toda la información la reciba a través de  los sesgados medios de Lima, prefiero no opinar.

Pero en todos los casos en los que he podido conversar directamente con los opositores o críticos a proyectos mineros, he podido confirmar que no son “antimineros”, es decir, no cuestionan la minería en sí misma, no quieren “minería cero”.

En algunos casos, como el actual conflicto por Conga o el de hace unos años en el Quilish, se rechaza UN proyecto minero específico.

En Conga, porque se considera que no es razonable destruir un sistema de lagunas, bofedales y humedales de altura ubicados en cabecera de cuenca, y que esto no puede ser “mitigado” simplemente construyendo cuatro reservorios para captar agua de lluvia. Y esta crítica pone el dedo en la llaga, pues cuestiona la credibilidad de los Estudios de Impacto Ambiental, ninguno de los cuáles ha sido rechazado nunca por el Ministerio de Energía y Minas. El sistema de evaluación ambiental está caduco y tiene que ser revisado.

En el caso de Quilish también había un problema vinculado al agua, pero había otro elemento adicional: para miles de campesinos de la zona, el cerro tenía importancia religiosa. Ya sé que para nuestro ex presidente Alan García esas son “ideologías panteístas absurdas” porque los dioses y antepasados no están en los cerros sino en el cielo. Pero para cualquier otra persona con dos dedos de frente, es obvio que no tenemos criterios racionales para saber si los dioses están en el cerro, en la selva o en el cielo, y que eso es algo que ya corresponde al terreno de la fe o a la cultura. Los limeños entenderíamos perfectamente este tema si se descubre oro debajo de Las Nazarenas. En ese caso, estoy seguro que las decenas de miles de personas que asisten a la procesión del Señor de los Milagros estarían también en las calles protestando contra la destrucción de su “lugar sagrado”.

Hay otros casos de rechazo a proyectos específicos, como los de Tambogrande o Majaz, en Piura. En el primer caso, la población de uno de los valles más productivos del país, que exporta los mejores mangos y limones, temía la afectación de su principal actividad. Tenían razones para no querer poner en peligro un negocio que beneficia a miles de familias. En cuanto a Majaz, también se teme que un enorme tajo abierto destruya el ecosistema de páramos, que capta la humedad del ambiente y la deriva convertida en agua hacia la parte baja de la cuenca. Pero nadie puede decir que “los piuranos son antimineros”, porque nunca he visto una marcha contra la explotación de los fosfatos de Bayóvar.

¿Es tan difícil de entender? Hay casos en los que sí puede haber explotación, y casos en los que no. Lo que pasa es que vivimos sometidos a una ideología “prominera” según la cual todo proyecto debe ir, siempre, y todo impacto se puede considerar mitigable, siempre, y todo Estudio de Impacto Ambiental debe ser aprobado, siempre. ¿Queda claro quiénes son los ideologizados?

Por otro lado, hay muchos otros casos en los que la gente se moviliza para arrancar una mejor parte de la torta a las empresas. Son, por ejemplo, los casos de Antamina o Tintaya, entre otros muchos. De hecho, según una reciente investigación, esta razón explica el grueso de conflictos. Y nadie puede decir que eso es una locura: el precio se los metales se ha multiplicado, por ejemplo el oro ha pasado de 400 dólares a casi 2000 dólares la onza en los últimos años. Por lo tanto, es lógico dejar de lado el esquema tributario de un país quebrado, que fue el regalón modelo del fujimorismo, para imponer condiciones más equitativas. Y eso se ha logrado, un poquito, con el nuevo esquema en el que se va a cobrar un gravamen especial y se van a hacer efectivas las regalías. Parece que no se va a alcanzar el monto prometido en la campaña, pero al menos es algo. Y eso se ha logrado después de dos elecciones presidenciales y sólo gracias a la persistente movilización de la población. Si no tuviéramos casi 250 conflictos sociales en todo el territorio nacional, no se hubiera forzado el escenario político hasta el punto en que las mineras aceptaron ponerse la mano en el bolsillo derecho. Aquí ha funcionado la lección más básica que todo ser humano aprende desde pequeño: “el que no llora no mama”.

Ahora bien, “escondido” detrás de todas estas protestas, ¿hay un sector “radical”, realmente “antiminero”, que busca aprovechar todas estas legítimas demandas para generar el caos y “ahuyentar la inversión y el desarrollo”, como dice cierta prensa y ciertos políticos?

75% de la Amazonia concesionada a las petroleras. ¿No es demasiado?

La verdad, hasta ahora, yo no he encontrado este tipo de sectores ni una sola vez. He viajado, he estado en las zonas de conflicto numerosas veces, tanto en la selva como en la sierra y la costa, he conversado con los dirigentes y con los manifestantes, y hasta ahora no he podido encontrar a los famosos “antimineros” químicamente puros.

No he encontrado a nadie que rechace “la inversión” y el “desarrollo”. Lo que sí he encontrado es visiones diversas acerca de lo que es “desarrollo” y de qué tipo de “inversión” debería captar el país.

Recuerdo haber entrevistado a Roberto Espinoza, entrañable amigo que en esos días formaba parte del experimento “Perú Plurinacional”, un núcleo partidario formado en torno a líderes indígenas como Alberto Pizango. En teoría, ese es el sector ideológico más “antiminero”, más radicalmente ecologista.

No conozco nadie que diga

En aquella oportunidad, le pregunté a Tito “¿ustedes proponen minería cero?”. “Tu pregunta está mal planteada”, me dijo: “No se trata de minería cero, sino de qué rol va a cumplir la minería en un plan de desarrollo nacional”. Según Tito, todo está de cabeza, pues actualmente el modelo tiene como dogma el ingreso de “inversiones” a como de lugar, y como los minerales están al alza, pues vienen inversiones mineras. Es decir, no se hace un proyecto minero para “traer desarrollo”, se hace un proyecto minero porque el oro, el cobre y otros metales están a buen precio. El orden correcto debería ser, primero, tener un plan nacional de desarrollo que organice cuáles son nuestras potencialidades y prioridades, y luego realizar proyectos mineros de acuerdo a ese plan. Es el plan el que define si hay minería cero, minería 5 o minería 10: actualmente, son los capitales los que deciden, y ya decidieron tener minería 100%, como es evidente cuando uno observa los mapas de concesiones. Según un último reporte de El Comercio, más del 60% de las fuentes de agua del país se encuentran delimitadas por los 48 mil denuncios mineros registrados.

Así pues, "antiminero" sólo es un mote que puede servir para algunos titulares políticamente intencionados o para algunos operadores políticos que buscan cerrar el debate y desprestigiar a los que piensan distintos.

Cuando uno abre esta puerta y deja de preguntar “¿minería sí o no?” para preguntar “¿minería para qué?”, se da cuenta que la cosa es muchísimo más compleja. ¿Vamos a poner en riesgo cabeceras de cuenca para sacar oro, un metal sin valor industrial que se usa para guardarlo en el banco o para hacer joyas? ¿Vamos a extraer hierro para alimentar la industria bélica? ¿Vamos a aceptar inversiones para extraer uranio para fabricar armas? ¿Tenemos que explotar todos nuestros yacimientos al mismo tiempo, lo más rápido posible? ¿Cuánta de la minería existente y proyectada es realmente necesaria para nuestras computadoras, nuestros insumos médicos o industriales? ¿Qué minería es realmente necesaria para el “desarrollo” y cuál es ese “desarrollo” que queremos?