“Hay grupos violentistas detrás de las protestas en Espinar”. No, no son las declaraciones de Alan García: es el análisis de nuestro antiguo “antisistema” Ollanta Humala. ¿Hay grupos violentistas en Espinar? No sé, tal vez, puede ser, en todas partes se cuecen habas. Pero ese no es el tema de fondo: ningún grupúsculo podrá nunca mover a la población, pues la gente sólo se arriesga a recibir palo y bala si tiene razones para ello.

¿Y hay razones, en este caso? Bueno, por lo menos hay 26 comuneros con arsénico, cadmio, plomo y mercurio en la sangre, como lo certificó la Dirección Regional de Salud. Esa es información que está disponible hace meses, y que ha sido motivo para que la Fiscalía inicie una investigación. Pero mientras las instancias judiciales demoran lo que siempre demoran, las instancias ambientales (OEFA y OSINERGMIN) son incapaces de paralizar las actividades mineras de Xtrata Tintaya hasta que la empresa demuestre que sus aguas residuales no contaminan.

Así pues, hay un problema objetivo, hay ciudadanos peruanos envenenados y hay un Estado que no soluciona nada. El presidente por el cual votamos podría haber dicho “hay una institucionalidad ambiental caduca detrás de las protestas en Espinar”, en vez de echarle la culpa a supuestos grupos violentistas como lo han hecho antes tantos otros mandatarios.

Al mismo tiempo que Espinar protestaba, aparecieron en las playas de Pucusana millones de langostinos muertos, en un nuevo capítulo más de la serie de varamientos masivos de delfines, lobos marinos, medusas y pelícanos, y mientras aún continúa el misterio acerca de la desaparición de las anchovetas en nuestro mar.

¿Qué ha dicho el Estado? ¿Qué explicaciones nos ha dado? Hasta ahora, el IMARPE y el Ministerio del Ambiente sólo han atinado a dar información fragmentaria.

Sobre los delfines, nos dicen que no hay pruebas de que estas muertes tengan relación con la exploración petrolera, ni con virus o bacterias, ni con actividades humanas. Esa no es una explicación: es una ausencia de explicación. Además, es una versión que se contradice con las explicaciones dadas por la organización científica ORCA, que asegura que los mamíferos murieron por impactos en sus oídos. Aparentemente, lo único que podría haber producido estos impactos es el uso de las técnicas sísmicas para buscar hidrocarburos en el mar.

Sobre los pelícanos, nos han dicho que murieron de hambre, por falta de anchovetas. ¿Y por qué no hay anchovetas? Esa es la explicación ausente. Se habla de cambios en la temperatura del mar, de migraciones, de sobrepesca… Pero, ¿por qué habría variado la temperatura? ¿Por qué habrían migrado? ¿Se va a hacer algo ante la sobrepesca?

He recogido testimonios de amigos que aseguran haber verificado la presencia de miles de medusas muertas en las costas de Paracas en febrero, antes de que se hiciera público lo ocurrido con los delfines y los pelícanos. Si esto fuera cierto, se trataría de un fenómeno mucho más extendido en términos geográficos y en términos de especies afectadas.

Y ahora, como “cereza” de la torta, los langostinos. ¿También vamos a recibir una explicación fragmentaria, parcial?

La respuesta no puede ser la falta de respuesta. Un ministro del Ambiente que se respete y que no quiera estar pintado en la pared debería ya de haber declarado en emergencia el mar peruano, ordenado la suspensión temporal de todas las actividades industriales -ya sean de pesca, de hidrocarburos o de otra índole- y conformado una comisión de altísimo nivel para entregar en un plazo perentorio un informe integral. Un Gobierno que se respete debería de haberse dado cuenta hace semanas que aquí hay un problema grueso y que no se trata de proteger empresarios o rubros económicos, sino de proteger el mar.

El tema de fondo que relaciona lo que viene sucediendo en Espinar y en nuestro mar, así como lo que ocurre en Conga, en el río Corrientes, en Madre de Dios y en mil lugares más, es que no existe autoridad ambiental ni política ambiental en nuestro país. Existen autoridades sectoriales cuyo rol es promover la actividad empresarial, sea esta pesquera, petrolera, minera, forestal o de otra índole: pero ninguna es capaz de ver los problemas ecosistémicos con un enfoque integral.

El sistema nacional de evaluación y fiscalización ambiental está caduco. Por eso hay más de 200 conflictos sociales en todo el país. Por eso se mueren las especies marinas. Por eso avanza la minería informal. Por eso, casi todos los candidatos coincidieron, en las últimas elecciones, en la necesidad de introducir modificaciones y fortalecer la institucionalidad ambiental. Por eso, la famosa “Hoja de Ruta” prometía la conformación de una autoridad autónoma de medio ambiente.

Esta semana, con todo su empeño y buena voluntad, la congresista nacionalista Verónika Mendoza organizó un encuentro para discutir precisamente este tema, y se presentaron propuestas como fortalecer la participación ciudadana en los estudios de impacto ambiental y darle al Ministerio del Ambiente la responsabilidad de aprobarlos -que es la única manera de darle “dientes” a esta cartera-. Pero el Ejecutivo parece incapaz de darle el empuje que estas reformas merecen, y por eso nuestro presidente prefiere explicar las causas de los conflictos sociales por la acción de “grupos violentistas”.

¿Hasta cuándo vamos a esperar para debatir en serio este tema? ¿No nos damos cuente que estamos en emergencia ambiental? ¿Qué le vamos a decir a nuestros hijos cuando ya no haya agua limpia para beber ni delfines para nadar con ellos en la playa?