Existen dos hipótesis principales para explicar la alta conflictividad social de estos tiempos en nuestro país.

La primera dice, a grandes rasgos, que los grandes capitales llegan al país y se encuentran con un Estado ausente, sin ordenamiento territorial ni instrumentos eficaces de control ambiental, y con su gran poder económico son capaces de manipular instituciones, comprar conciencias e imponer sus prácticas para reducir costos y maximizar ganancias. Frente a ello, las comunidades no confían ni en el Estado ni en las empresas y protestan pidiendo mayor protección ambiental y una mejor distribución de la torta.

La segunda hipótesis dice que existe una gran tenaza internacional financiada por ONGs que manipulan y desinforman a las comunidades para evitar la inversión y oponerse al desarrollo. Los operadores de esta conspiración son grupos políticos extremistas que aspiran a conseguir votos para las próximas elecciones. Las poblaciones engañadas se dejan llevar hacia protestas violentas y no se dan cuenta de los grandes beneficios que les trae la minería.

¿Exagero? ¿Simplifico? ¿Caricaturizo? No creo. En su columna de hoy en La República, Rosa María Palacios, voz sensata dentro de la derecha peruana, trata de encontrar las causas ambientales y redistributivas de los conflictos y, luego de seis párrafos, no logra hallarlas. Palacios concluye “la verdad es que el conflicto no tiene una causa ambiental o tributaria. Esto es político. Un grupo de peruanos busca todas las excusas posibles para cerrar un flujo de ingresos extraordinarios al Estado”.

¿WTF?

Rosa María Palacios tendría que explicar qué clase de móvil es este: ¿en serio un grupo de peruanos busca a toda costa cerrar un flujo de ingresos extraordinarios al Estado? ¿Y por qué, ah?

Palacios reproduce la monserga de muchos otros “analistas”. De hecho, el director de la revista Poder, David Rivera, y el ex viceministro de minas Rómulo Mucho defendieron este tipo de argumentos como explicación última en sendas entrevistas en Radikales Libres, poco antes de que nos cerraran el programa,

El discurso hegemónico  sobre los conflictos termina siendo un argumento no solo absurdo sino incluso vacío. ¿Los que protestan contra un proyecto minero son “antimineros”? ¿Están contra toda la actividad minera en cualquier circunstancia y lugar? ¿Los que salen a marchar están contra “el desarrollo”? ¿Existe una confabulación mundial para detener el crecimiento del Perú y evitar la inversión?

¿Y para qué?

Si el móvil fuera político, como ahora dicen Valdés, Ollanta y compañía, primero que nada deberían explicarnos por qué algunos grupos políticos estarían haciendo tanta bulla a más de dos años de las elecciones municipales y a cuatro de las nacionales. Y por qué muchas autoridades recién electas, como congresistas, alcaldes y presidentes regionales, participan de estos procesos de conflicto. ¿Qué ganan? ¿No es más fácil y menos conflictivo hacer obras espectaculares con ese dinero y así ganar votos?

Y si en última instancia la protesta se explicara porque las ONG utilizan sus millones (¿?) para desinformar y manipular a la población, ¿quién tiene más plata: las ONG o las mineras? ¿No es más probable que las que se vean tentadas de utilizar el poder económico sean las empresas, que finalmente lo que quieren es lucrar más?

Así pues, los móviles últimos que estos “analistas” achacan a la protesta social carecen de sentido. Ofende al más mínimo razonamiento una argumentación tan pobre. Molesta escribir para refutar un planteamiento que no resiste tres segundos de análisis, pero molesta más saber que ese planteamiento se ha vuelto hegemónico entre periodistas y políticos.

Pero, ¿tienen quizás razón en sus elementos previos? ¿Es verdad que la fiscalización ambiental a las empresas mineras es excelente, y que la minería contribuye muchísimo al desarrollo económico?

En el primer aspecto, debo decir que lastimosamente Rosa María Palacios está profundamente equivocada. Palacios cita los doce monitoreos ambientales de Tintaya desde el 2002 para demostrar que todo marcha bien y que las acusaciones de contaminación son puros inventos. ¿12 monitoreos desde el 2002? Ey, ey, ¿sabe Palacios cuántas veces descarga agua residual una mina? Los 365 días del año. Se me ocurre que doce monitoreos ambientales en 10 años puede ser insuficiente. De hecho, al menos dos documentos, uno del MINSA y otro de la Vicaría de Sicuani, encuentran metales pesados en el agua de la zona. ¿Tenemos que concluir que estos documentos son falsos, o tal vez que la labor de fiscalización del Estado es insuficiente? En todo caso, ante informes contradictorios lo científico, lo “técnico” para usar la palabra de moda, es pedir más investigación, no matar al mensajero.

He recogido testimonios de comuneros de Huancavelica que refieren que, por las noches, una empresa minera (Huachocolpa)  inyecta al río agua cargada de metales pesados y que todo amanece de colores amarillentos y verdosos. A las dos o tres semanas, cuando logran que llegue alguna autoridad estatal, la concentración de metales en el agua ya ha disminuido y, si la entidad toma muestras de agua en los puntos de descarga, todo está OK, por lo que no es posible decir, “técnicamente”, que la mina sea la culpable de eventuales impactos ambientales.

¿Qué debo pensar? ¿Qué los comuneros mienten para evitar el desarrollo (¿?) o que es probable que la empresa reduzca sus costos de esa manera para maximizar sus ganancias?

La autoridad ambiental en el Perú es tan débil que todos estos trucos son factibles. Por supuesto que esto no ocurre sólo en la gran minería: he recibido testimonios de trabajadores encargados de fiscalizar el traslado de madera por el río Amazonas: muchas veces detectaban cargamentos de origen ilegal, pero no tenían combustible para perseguirlos. También he visto en vivo y en directo levantamientos indígenas en contra de la minería informal que se apodera de territorios y envenena los ríos.  Hace poco sacamos en Radikales Libres un informe sobre la contaminación de una ladrillera en San Juan de Lurigancho, que seguía funcionando pese a haber sido clausurada cuatro o cinco veces. ¿Cuál es la diferencia entonces? ¿Por qué hay más conflictos por la gran minería que por las otras fuentes de contaminación? Simple: porque en los otros casos no sale ningún funcionario estatal ni ningún periodista a decir que los afectados están contra el desarrollo.

El origen de los conflictos está en la cerrada defensa estatal y mediática, no de la minería como actividad, sino del actual modelo de regulación ambiental y promoción de la inversión. La gente percibe que el Estado no es un árbitro, sino que está abiertamente de un lado.

Se necesita con urgencia una autoridad ambiental autónoma, que tenga la facultad de aprobar los estudios de impacto ambiental, que tenga “dientes” para fiscalizar y paralizar momentáneamente las actividades industriales y extractivas si se detectan indicios de contaminación, que no tenga que perseguir durante meses a las empresas para ponerles multas que finalmente no pagan, y que tenga presupuesto y recursos humanos para estar presente en todo el país y realizar inspecciones con mucha frecuencia.

Mientras no se avance en estos temas, la conflictividad seguirá creciendo y cada vez los politiqueros encontrarán nuevos “cucos”  y tendrán que inventar nuevos fantasmas.