Las cosas no se pueden callar aunque sean políticamente incorrectas.

¿Lima necesita un mercado mayorista moderno, amplio y con mejores condiciones para sus trabajadores? Sí. ¿Se necesita orden y seguridad ciudadana en las inmediaciones de La Parada, una zona dominada hace años por mafias de diverso tipo? Sí, también.

¿Los operativos del jueves y sábado fueron un éxito? NO. ¿Pudo evitarse o preveerse el nivel de violencia al que se llegó? Sí. ¿Pudo reducirse al mínimo la posibilidad de muertes? Sí. ¿Pudo elaborarse una estrategia más integral para ganarse a la opinión pública local, a la comunidad de ciudadanos que vive o trabaja en la zona? Sí. ¿Pudo encontrarse otra fórmula para lograr el objetivo, que era simplemente evitar que La Parada funcione como mayorista? Sí.

Una acción de esta naturaleza con cuatro ciudadanos muertos no puede considerarse “exitosa”, por lo menos no desde la óptica de una persona de izquierda y comprometida con los derechos humanos. Se supone que ambas son características no sólo de Susana Villarán, sino del equipo que la acompaña, ¿verdad?

Cuando cuestionamos las muertes que ocasiona el Estado durante los conflictos sociales, se supone que nuestra crítica no tiene nada que ver con el hecho de que los protagonistas del conflicto tengan o no tengan la razón de su lado según nuestro criterio, ¿no? Condenamos las muertes en Celendín igual que condenamos la muerte de mineros informales durante las protestas, pero no porque ambos tengan igual razón: de hecho, se trata de agendas contradictorias entre sí.

Cuando cuestionamos esas muertes, esa crítica tampoco depende del nivel de violencia de la reacción social. Recordemos que en la Curva del Diablo, nuestros hermanos awajun respondieron con violencia, y que de hecho hubo numerosos muertos entre los efectivos de la Policía. Por cierto, el operativo policial era totalmente legal, pues la protesta estaba bloqueando la pista, lo que es delito. Pero aún así cuestionamos la acción represiva de la Policía.

Sé que para muchos puede ser chocante comparar La Parada con Celendín, Madre de Dios o Bagua. Pero espero que el punto quede claro: cuando -desde una perspectiva de derechos humanos- cuestionamos todas esas muertes, no lo hacemos porque los manifestantes tengan razón o porque sean unas mansas palomas.

Entonces, ¿por qué? Porque pensamos que el Estado -responsable de garantizar el derecho a la vida de los ciudadanos, según la Constitución- no puede ser el primero en violar ese derecho. Porque pensamos que la Policía está preparada para enfrentar la delincuencia, no para solucionar los problemas sociales. Y porque pensamos que, en los casos en que es necesario el ingreso de la fuerza pública, este debe realizarse de tal manera que reduzca al mínimo la posibilidad de muertes, mediante inteligencia, planificación, uso de armas no letales, etc. A todo esto nos referimos cuando hablamos de un “nuevo manejo de los conflictos sociales”, lo que parece que no se ha tomado suficientemente en cuenta en este caso.

Primero veamos algunos ángulos del operativo.

La intervención del jueves -cuyo fracaso obligó a repetirlo el sábado con más presencia policial- pareciera planificado por una persona que no conoce Lima o que nunca caminó por La Parada. No sabemos aún cuáles son las responsabilidades específicas y en parte eso es lo que la alcaldesa y el ministro del Interior deben aclarar esta semana en el Congreso. Entiendo que la Municipalidad solicita apoyo, la Policía tiene que brindar soporte logístico, operativo y de inteligencia y todo esto debe hacerse con el acompañamiento de la Fiscalía. Se supone que esto se hizo. Pero toda esta supuesta coordinación y planificación no se ha visto en la práctica.

Para empezar, ¿a quién se le ocurre hacer un operativo de esa magnitud en La Parada un día de semana por la tarde? Todos los que viven en la zona, y todos los que conocen la dináminca del mercadeo mayorista, aseguran que el mejor momento era un sábado por la noche o un domingo por la madrugada, pues hay mucho menos movimiento, casi no hay descarga de mercadería y los estibadores, carretilleros y otros trabajadores relacionados con el negocio descansan.

Ahora, ¿todos sabemos que en la zona existe violencia y delincuencia? Sí. ¿Todos sabemos que en la zona se manejan armas de fuego? Sí. Se sabe que en la zona hay mafias que cobran cupos a los comerciantes minoristas, y que si se acaba el movimiento se acaba el negocio. Se sabe que hay ladronzuelos y cogoteros que viven gracias al flujo de personas y mercadería. Además se sabe que la mayoría de ellos vive en la zona, tiene sus casas en los alrededores, ya sea el el cerro San Cosme, El Pino, San Pedro... En suma, para nadie tendría que ser una sorpresa que iban a resistir, que lo podían hacer con violencia y que podían recibir el apoyo o la complicidad, tácita o activa, de sus amigos, vecinos o familiares. De hecho, puede haber habido contratación de delincuentes, pero ello no era indispensable para imaginar una respuesta violenta.

Pero hay más: al margen de la actividad propiamente delictiva, funciona alrededor del mercado toda una economía de carretilleros, venta de comida, reciclaje y una serie de actividades de gente que no sabe qué va a pasar si La Parada se desactiva. Tampoco tenía que ser una sorpresa para nadie que la comunidad que gira alrededor de La Parada -o una parte de ella- resistiera el ingreso de la Policía, más aún si los sectores interesados difundían rumores de desalojo.

El jueves hemos visto a la Policía ingresar y exponerse a una situación en la que estaba absolutamente en desventaja. Las imágenes de la tele dan fe de ello: se veía una actuación caótica de policías que se defendían como podían de ataques de personas en la calle, pero también de gente que tiraba piedras y objetos desde sus casas. Lo que yo he sentido al ver a los jóvenes policías, como Percy Huamancaja, heridos y desorientados, es que sus superiores los habían enviado al matadero: en un operativo mal planificado, en un terreno que no manejaban, y sin una adecuada labor de inteligencia para preveer los posibles escenarios.

Realizar un operativo en esas condiciones es invitar a que los efectivos, desesperados porque no pueden controlar la situación, usen sus armas, disparen y maten. Muchas veces, esto es lo que ocurre en el interior del país durante la represión a protestas sociales. He escuchado varias veces a los mandos policiales decir que “no se usaron armas letales”, pero eso simplemente es mentira: pude ver perfectamente en la tele a más de un efectivo hacer uso de armas de fuego. Al hacerlo, no necesariamente hieren a sus verdaderos agresores, sino a cualquiera que transite por la zona. Circula la versión de que uno de los muertos simplemente estaba yendo a visitar a su enamorada. Pudo haber incluso más muertes en una zona donde se mueven al menos 10 ó 15 mil personas.

Así pues, el operativo no estuvo bien planificado ni hubo un adecuado trabajo de inteligencia. Más allá de las declaraciones de los funcionarios, esto debería quedar claro para cualquiera que vea las imágenes, especialmente las del jueves.

En vez de ingresar y chocar directamente dentro del corazón del conflicto, pudo bloquearse los accesos desde varias cuadras a la redonda. Aquí un ejemplo.

Pero vayamos más allá: ¿era necesario un operativo de esta naturaleza para que lograr el objetivo, que era simplemente que los camiones no ingresen a La Parada para que este mercado deje de funcionar como mayorista? Yo pienso que no, y que sólo era cuestión de imaginación y planificación para hacerlo de otra manera. Por ejemplo, estableciendo cordones de policías e inspectores de tránsito que desvíen el transporte pesado de las vías que llevan a la zona. Para ello no era ni siquiera necesario ingresar a La Parada. Podía hacerse desde varias cuadras a la redonda, bloqueando por ejemplo Aviación a la altura de Grau y de México, 28 de julio a la altura de Ayllón y Parinacochas, y Bauzate y Meza a la altura de México y Parinacochas. De esa manera se estrangulaba el abastecimiento del mercado sin ingresar al corazón mismo del conflicto, reduciendo las posibilidades de choques violentos. ¿Que la medida no era 100% efectiva, que quizás algunos camiones se podían escapar al control de tránsito? Si, quizás. Pero quizás bastaba con lograr en los primeros días que un 50% de vehículos no ingrese a La Parada, dificultando mucho el negocio del mayorista y estimulándolo a migrar a Santa Anita. No tendría por que ser más difícil, en ese esquema, que el control de los paraderos en las avenidas Abancay y Tacna. En todo caso es sólo un ejemplo alternativo, seguro podrían encontrarse otros mejores. Si al cabo de un tiempo no se solucionaba el asunto satisfactoriamente, entonces se podría considerar el operativo policial, pero no como primera opción.

Ahora, vayamos más allá: ¿ha existido algún plan integral de información a la comunidad que gira alrededor de La Parada? Cito un fragmento de una carta escrita por religiosas que viven en la zona y la conocen muy bien: “es necesario que la Municipalidad tome en cuenta que hay humildes trabajadores y familias habitantes de la zona que debido al traslado, están perdiendo su fuente diaria de sustento. Entre ellos hay vendedores y vendedoras de comida, carretilleros, vendedores eventuales de diverso tipo, las pequeñas vendedoras de papas y verduras, sin mencionar a los que se ganaban la vida a través de otras actividades”.

¿Se ha tomado esto en cuenta? Entiendo que ha habido una larga mesa de negociación con los gremios de mayoristas, con los sindicatos de estibadores y con otros sectores organizados. Pero estos no representan a toda la comunidad de La Parada. Como parte del proceso era obviamente necesario ganarse a la población, primero porque en sí mismo es un derecho de la gente estar informada acerca de las decisiones que van a afectar su vida, y segundo porque eso permitía aislar a los intransigentes y reducir las posibilidades de apoyo o complicidad colectiva con los eventuales azuzadores de la violencia. Para “ganarse” a la población se necesitaba información y también alternativas de reconversión laboral. ¿Ha habido algo de esto? Y si lo ha habido, ¿por qué no forma parte del discurso municipal de los últimos días?

Hay que reconocer la valentía de Susana Villarán de enfrentar un problema que las anteriores gestiones habían dejado intacto. También hay que reconocer que el traslado a Santa Anita es necesario. Y también hay que reconocer que la reacción de quienes resistieron el ingreso de la Policía fue muy violenta. Pero eso no implica dejar de señalar que si este proceso se hubiera abordado de una manera más integral, y su componente policial hubiera estado planificado de una manera más inteligente, se le hubiera podido ahorrar a la ciudad estos días de sozobra. También se le hubiera podido ahorrar a cuatro familias el dolor y luto por la muerte de sus seres queridos.