“Reacción” viene de reaccionar.

En las últimas dos elecciones, claramente hemos podido ver la emergencia de un bloque de votantes que pide cambios.

En las elecciones regionales y municipales del 2010, fueron elegidas en total siete confluencias o plataformas progresistas a nivel nacional. Nos referimos a Susana Villarán en Lima, Gregorio Santos en Cajamarca, el nacionalista Jorge Acurio en Cusco, Vladimir Cerrón en Junín, Javier Atkins en Piura acompañado de un equipo con fuerte influencia del Partido Socialista, César Villanueva reelecto en San Martín y Juan Manuel Guillén en Arequipa, en alianza con el nacionalismo.

Se trataba de confluencias dispersas, que no formaban parte de bloque alguno. Pero todas expresaban, en cierta forma, agendas de cambio: cuestionamientos a la lógica extractivista, mayor rol regulador del Estado, discurso de derechos humanos, preocupación por el medio ambiente, participación ciudadana, entre otros elementos. Además, de una u otra manera, todos tenían vínculos con o venían directamente de fuerzas que en ese momento formaban parte del amplio espacio crítico al neoliberalismo: el nacionalismo, Patria Roja, el Partido Socialista, la confluencia de Fuerza Social, entre otros. Este sector político, heterogéneo y contradictorio, era sin embargo la segunda fuerza electoral surgida de esos comicios, luego de los “independientes” de siempre, figuras anodinas sin ningún tipo de identidad común. Los demás “partidos nacionales”, incluyendo el “exitoso” APRA que supuestamente venía de hacer un Gobierno en el que el Perú avanzaba y la pobreza se reducía, tuvieron un rotundo fracaso electoral.

Luego, cada uno de estos líderes regionales ha seguido derroteros distintos. Mientras unos han sido incómodos para los poderes de siempre, otros se han ido desdibujando y otros -con perfil bajo- siguen impulsando agendas que, con contradicciones, se pueden llamar “progresistas”, como el ordenamiento territorial que tantas alarmas causa en el sector extractivo. Otros -los nacionalistas- simplemente se alinearon según los hechos posteriores.

Pero al margen de ello, el voto del 2010 prefiguraba el voto del 2011: nos mostraba un electorado que quería cambios, que ya no era seducido solamente por el discurso de “más obras, más eficiencia, menos política” tan típico del período neoliberal. Por lo menos, una tercera parte de la población votaba en ese sentido.

Las elecciones del 2011 lo confirmaron: en primera vuelta el 30% del país votó por “la gran transformación”, programa que según los medios era chavista, velasquista, estatista; y en segunda vuelta, el 52% del país votó contra el fujimorismo. La cosa estaba clara: cambios, quizás graduales y tomando en cuenta la correlación de fuerzas, y rechazo al fujimorismo y lo que éste representa.

69% pedía cambios en la política económica, según la PUCP, antes de que Humala nombrara a Castilla.

Estos resultados no los interpreto antojadizamente. Son consistentes con inumerables encuestas previas en las que una parte importante de la población pedía cambios. Encuestas de Apoyo en los años 2010 y 2011 mostraban a un 30% pidiendo “cambios radicales” y a un 40% pidiendo “cambios moderados”. Encuestas de la PUCP del 2011 mostraban -con una pregunta más específica- que un 36% pedía “reformas parciales en la orientación de la política económica” y un 33% “cambiar de manera radical la política económica”. Hablamos de que un 70% pedía cambios, a pesar del boom de casi 10 años de crecimiento económico continuo.

¿Pero qué tipo de cambios? La propia encuesta de la PUCP nos dice algo sobre ello. 56% se mostraba de acuerdo con la frase “Existen actividades económicas que deberían estar en manos del Estado y no de la empresa privada” y sólo 28% se mostraban de acuerdo con la frase “La empresa privada debe poder participar en cualquier tipo de actividad económica sin restricciones por parte del Estado”.

Por eso, la CONFIEP realizó en pleno proceso electoral su campaña publicitaria a favor de la empresa privada y el emprendedurismo. No sólo para ver si le restaba votos a Humala, sino porque existía un real descontento con el modelo económico. Y eso que las encuestas no preguntaban “¿está usted de acuerdo con dejar el modelo primario-exportador?”, “¿considera usted necesaria la industrialización del país?”, “¿qué opina de ponerle más impuestos a las mineras?”, “¿piensa que sería positivo un impuesto a las grandes fortunas?”, “¿qué piensa de gravar las ganancias generadas en la bolsa?”, ni nada de esto.

Es en este contexto mayor en el que podemos entender perfectamente la agresividad de la ofensiva de la ultraderecha y el fujimorismo en las últimas semanas.

Es, literalmente y sin carga ideológica de por medio, la “reacción”. Están re-accionando ante un país que se les iba de las manos.

A Humala y Heredia los asimilaron rápidamente, y allí empezó la larga lucha por expectorar, uno por uno, a los que ingresaron al Estado en esos promisorios seis meses en los que parecía que se iban a respetar los resultados electorales. Primero el gabinete Lerner, luego Soberón y tantos otros, ahora último Lynch. ¡Que se cuiden Roncagliolo, Arbizu, Campodónico!

Ese es el contexto de la revocatoria a Villarán. Es la última etapa de una reacción que empezó el primer día. La arrinconaron en el 10% o 20% de aprobación, aprovechando sus debilidades políticas reales y utilizando la estrategia que los cacicazgos locales han utilizado en el interior desde hace 15 años que existen las revocatorias.

No le perdonan haber levantado el puño

¿Por qué el encono contra Villarán? Hay muchas explicaciones, pero la principal es la siguiente: ella los derrotó en su bastión electoral. “Lima es conservadora”, decíamos siempre. Y la Lima conservadora votó por una candidata que llevaba a los “rojos” en su lista, que legitimaba la existencia metropolitana de, por ejemplo, Patria Roja o Tierra y Libertad. Por si fuera poco, en vez de flotar en la lógica de siempre, empezó a poner en agenda temas que -de una u otra manera- cuestionan el actual orden de cosas. ¿Quién, en los últimos 20 años, ha planteado como justificación para una reforma el cumplimiento de los derechos laborales y el paso a planilla de los trabajadores? Pues este es uno de los argumentos utilizados explícitamente en la reforma del transporte, legitimando ante la opinión pública el concepto mismo de derechos laborales. ¿Quién, en los últimos 20 años, ha planteado claramente que el Estado debe regular con firmeza los servicios públicos dominados por el caótico libre mercado? Pues esa es la esencia de la reforma del transporte, imponiendo reglas y requisitos de inversión.

Si a esto le sumamos su vinculación explícita con el movimiento de derechos humanos y su apertura en temas de diversidad sexual, entre otros aspectos, queda claro que era la víctima ideal de la reacción, que busca recuperar su bastión eterno.

La perita en dulce de la reacción

Javier Diez Canseco es la cereza de la torta, es la perita en dulce para los Aldos Mariáteguis de este país. Quizás suspender a Diez Canseco no era indispensable ni prioritario en la estrategia de la reacción, pero es una manera de demostrar su poder. Han hecho algo que siempre quisieron y nunca pudieron. Además, es la cristalización de la etapa final de esta distorsión de la voluntad popular emanada de las urnas y expresa en las encuestas: la alianza entre el nacionalismo y el fujimorismo. Es la prueba de fuego para los congresistas que quedaban: se les ha exigido votar en contra de su conciencia para “vengarse” de uno de los íconos de la lucha anticorrupción de nuestro país, y todo con la excusa de la “lealtad al líder”. Esto dibuja claramente el panorama para los próximos tres años.

Ya no podría sorprender un fuji-indulto en Navidad. Sería el broche de oro, la legitimación final de la dictadura, 12 años después de la fuga al Japón, la presidencia de Valentín Paniagua y el tímido inicio de la transición.

Ojo: Gregorio Santos es la próxima víctima. No por gusto Absalón Vásquez ya ha empezado a mover las aguas electorales en Cajamarca.

Los asimilamos. Si no los podemos asimilar, los expectoramos. Los tachamos de ineficientes, corruptos, violentistas o prosenderistas. Los supendemos, los revocamos. Y van a ver: ¡hasta los podemos meter presos! Esa es la estrategia de la reacción.

Este es también el contexto grande que nos permite entender la actual centralidad del debate sobre “MOVADEF” y el terrorismo.

¿Cómo así, en un momento en el que la agenda política era la reforma, el cambio, ahora estamos hablando todos de MOVADEF? Esa es una estrategia perfectamente planificada por los sectores reaccionarios: saben que ellos son vistos como los que dominan el tema en la agenda pública, por lo tanto necesitan que ese sea el tema central, necesitan resucitar el miedo, hacer aparecer los “tentáculos” de MOVADEF en todas las universidades, en todo el país... Con la agenda del miedo, crean un clima de persecución de ideas y castran el movimiento de la opinión pública que buscaba cambios.

Todas estas son estrategias para ganar en mesa aquello que no ganaron en las urnas. Ahora quieren volver a las urnas en Lima, su plaza más segura, para cristalizar este nuevo contexto y legitimar con votos la estrategia que han tenido para torcer la voluntad popular del 2010-2011.

Por supuesto, la fortaleza y agresividad de la reacción se explica por la debilidad del sector político que recogía la agenda de cambios. No se conformó un frente político ni se fortalecieron las confluencias que habían permitido esa breve primavera electoral. Al contrario, cada uno sobreestimó su propia fuerza, sin entender que formaban parte de algo más grande. Eso es algo que aún se puede corregir.

Pero no nos perdamos: la película grande es la trasición para salir del neoliberalismo. La época dorada de ese modelo fue la década de los 90. Durante la década de los 2000, los movimientos y conflictos sociales en todo el país fueron mostrando los límites de ese modelo. El 2010 y 2011 fue evidente que ya estábamos en una etapa distinta. La reacción quiere impedir los cambios que ya se caen de maduros.