Da la impresión que -salvo honrosas excepciones- la mayoría de los representantes políticos no han entendido nada de lo que ha pasado en este país en las últimas semanas (¿o años? ¿o décadas?). No importa el color partidario: los políticos no dan pie con bola y no comprenden la razón ni el sentido de la indignación ciudadana frente a lo que ahora se conoce popularmente como “repartija”.

El más reciente artículo de Pablo Secada es, hasta el momento, la mejor muestra de ello. El texto es maravilloso, pues condensa y justifica en pocos párrafos la lógica que ha llevado a esta situación y que ha tratado de ser explicada antes -pero con menos arte- por numerosos personajes, incluyendo congresistas,  candidatos a la repartija e incluso opositores a ella, como los apristas. El artículo constituye una deliciosa autopsia de la clase política tradicional. [Tema a parte: es una lástima por Secada, quien -más allá de su fanatismo ultraliberal- pertenece a una generación que, precisamente, se ufanaba de su ruptura con “la clase política tradicional”].

Señalaré los puntos más resaltantes de esta argumentación, a ver si los representantes políticos de uno y otro bando logran entender por qué ciudadanos, movimientos, organizaciones y -también- partidos cuestionadores hemos salido a las calles a expresar nuestra indignación.

El primer argumento de Secada (y muchos) es que “en el Congreso se reparten los nombramientos al Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y el Banco Central de Reserva en cuotas” y que “se ha institucionalizado (...) la repartija”.

El primer problema de este argumento... es que NO ES un argumento. También se ha institucionalizado la corrupción, ¿es acaso razón para ser corrupto? El asesinato y el robo han existido siempre, ¿es ese un argumento para matar y robar? La coima para el policía es muy común, ¿es razón para repetir el círculo vicioso? La pobreza existe hace muchos años, ¿será razón para que un político diga “no acabé con la pobreza porque esta ya existía”?

A los políticos los elegimos para que CAMBIEN la situación, no para que la administren. Si todo estuviera bien, no los elegiríamos y no gastaríamos nuestro dinero pagando sus salarios. Pero como existen problemas colectivos, las sociedades generan instancias colectivas para resolverlos. Así pues, la preexistencia de un problema no es un argumento para no hacer nada frente a él o para asumirlo como “natural”.

Ya estamos hartos de ese tipo de razonamiento. “Es normal porque todos lo hacen”. Estamos indignados porque queremos políticos DE PRINCIPIOS, que entren a la política para cumplir con esos principios y no para negociarlos según la coyuntura o la correlación de fuerzas. Si no se entiende que la indignación es precisamente porque la política actual se ha convertido en un enorme negociado de intereses particulares y cortoplacistas, donde se han perdido de vista los principios y la noción de BIEN COMÚN... pues entonces no se ha entendido nada.

En el caso específico de la elección del TC y la Defensoría, los congresistas parecen haber perdido la capacidad de distinguir entre el poder que tienen, y el mandato que reciben. Las autoridades electas reciben del pueblo un MANDATO, es decir, una ORDEN. Para poder cumplir con ella, obtienen a su vez cierto poder: pero ese es el orden de los factores, no al revés. No les damos poder para que vean si cumplen con nuestro mandato. ¿Y cuál era el mandato en este caso? El espíritu de la Constitución es muy claro: se trata de elegir a personas independientes que tengan la capacidad de interpretar las leyes y defender al ciudadano pensando en el bien común y el cumplimiento integral de los derechos garantizados en el bloque de constitucionalidad. El TC y la Defensoría son las instituciones menos adecuadas para poner a gente que defina sus votos en función de lo que diga algún cosito o algún jefe preso en la DIROES.

Es obvio que las elecciones no se dan en el aire. Un Congreso con representantes liberales y socialdemócratas tenderá a escoger para el TC a constitucionalistas liberales y socialdemócratas que representarán las interpretaciones hegemónicas de la Constitución en un determinado momento histórico. Un congreso con mayorías nacionalistas tenderá a escoger a constitucionalistas que tengan una lectura de defensa del interés nacional, mientras que un congreso de mayoría socialista tenderá a buscar magistrados que tengan una lectura más social de la Constitución. Eso es lógico y obvio. Pero lo que ha ocurrido el miércoles pasado no ha sido eso: se quiso colocar en el TC al abogado del líder de uno de los partidos y a dos grises delegados del otro. Eso no es representación proporcional de las ideas políticas: eso es repartija, eso es cuoteo político. ¿Se entiende la diferencia de conceptos?

Pero vamos con el segundo problema del argumento: es... ¡falso! En las anteriores elecciones para la Defensoría del Pueblo (la de Jorge Santisteban y la de Beatriz Merino, así como la ratificación de Walter Albán) primó la independencia política y NO la repartición de cuotas. Y salvo la pasada repartija aprista del 2007, cuando Alan García copó el Tribunal Constitucional con una mayoría “sensible” a sus necesidades políticas, tampoco ha sido cierto que los miembros del TC en los últimos 20 años hayan sido representantes de las mayorías políticas. De haber sido así, Fujimori no hubiera tenido que descabezar el TC para imponer su reelección, ni se hubieran podido declarar inconstitucionales una serie de normas y disposiciones promovidas por diversos sectores de poder en años anteriores. Sin ser perfectas, en las pasadas décadas estas dos instituciones han demostrado más de una vez independencia y capacidad de ponerse del lado de las ciudadanas y los ciudadanos y se mostraron impermeables a las cuotas políticas.

El 2007, las mañas apristas golpearon fuertemente al TC, y desde entonces tenemos un tribunal poco confiable, demasiado permeable a intereses políticos y económicos. Ese fue un golpe fuerte contra la precaria institucionalidad peruana y contra la capacidad del Estado de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos consagrados en la Constitución.

Pero al menos quedaba la Defensoría... Y el desprecio con el que Secada se refiere a esta institución es el otro gran elemento que permite desnudar su incapacidad absoluta de comprender lo que está ocurriendo.

Secada dice, textualmente: “La Defensoría es una inmensa ONG mal manejada, digamos. Su atractivo principal es que emplea a cientos de personas”.

¿Qué querrá decir Secada con estas palabras? Es, evidentemente, una frase de desprecio, despectiva, que reduce la Defensoría del Pueblo a un triste papel de aparato burocrático con mucha mano de obra inútil.

¿Ese es el concepto que tiene la mayoría de los políticos sobre la Defensoría? ¡Con razón! ¡Eso lo explica todo!

Vamos a explicarles, para ver si esto les ayuda a comprender lo que ha ocurrido en los últimos días. La Defensoría es, después de los Bomberos, la institución con mayor credibilidad y legitimidad ante la opinión pública. Durante 20 años, la Defensoría ha demostrado las siguientes características: independencia de los poderes establecidos, fueran estos políticos, militares o económicos; valentía para actuar sin considerar correlaciones de fuerza; capacidad para ponerse del lado de la gente más allá de la estupidez burocrática y de la rigidez leguleya; proactividad para aparecer allí donde nadie la había llamado, con el fin de cautelar los derechos de las ciudadanas y ciudadanos; rapidez para responder cuando la ciudadanía la ha llamado. Para usar la jerga neoliberal, la Defensoría es una “isla de excelencia” en lo que a la cautela de derechos se refiere.

Precisamente estas son las características que NO TIENE el Estado actual, incluyendo a órganos de representación tales como el Congreso. Estamos indignados porque el sistema político en su conjunto ha mostrado todo su desprecio hacia la -prácticamente- única instancia del Estado que pone al ciudadano y a la ciudadana por delante. Queremos un Estado y unos políticos que estén del lado de la gente; independientes de los poderes de turno; valientes; que no piensen todo en términos de correlación de fuerzas, conveniencia política o coyuntura; que no sean estúpidamente burocráticos o reglamentaristas, sino que entiendan que su misión es defender los derechos humanos entendidos de manera integral; que sean proactivos y respondan rápida y eficazmente ante las necesidades de la población.

¡Querían regalar la única institución que viene cumpliendo sistemáticamente con estas características, como si fuera un “premio consuelo” (palabras de Secada), un espacio para invadir con militantes necesitados de chamba!

¡Por eso estamos indignados, carajo!

Termino con el último argumento de Secada: “El dilema, pues, era participar en la repartija usual o no hacerlo y facilitar una mucho peor”. Es decir, no podían hacer nada. Pobrecitos, los buenos congresistas del PPC estaban atados de manos, “el sistema tiene la culpa”, “los otros tienen la culpa”.

¡Estamos indignados porque estamos HARTOS de todos los políticos cobardes que se escudan en ese tipo de excusas para no tomar las decisiones correctas!

¿No sabían los congresistas del PPC qué hacer para evitar la repartija?

Pues es bien simple: podían, por ejemplo, no votar a favor de la repartija. Para elegir estos cargos se necesitaba 87 votos. Sin la decena de votos de la Alianza para el Gran Cambio era imposible consumar la repartija. Pudieron bien retirarse antes de la elección, como lo hicieron todos los dignos congresistas del Frente Amplio – Acción Popular, como lo hizo Cecilia Tait contra la opinión de su partido, como lo hicieron Yehude Simon y Enrique Wong, precisamente los disidentes de la bancada ppkausa.

También podían emitir un pronunciamiento días antes, como lo hicieron decenas de organizaciones; pudieron firmar la carta adherida por 1600 ciudadanos y ciudadanas (entre ellos tres congresistas) en contra de la repartija; en fin, pudieron hacer política. Hacer política es el arte de lo posible, claro: pero el arte de hacer posible lo que uno considera correcto.

En este caso, la rápida respuesta ciudadana y política ha demostrado que sí era posible evitar esta repartija que no era sino un asalto a las principales instituciones garantes de la legalidad y los derechos humanos en nuestro país.

Que se entienda bien: estamos indignados porque queremos MÁS y MEJOR democracia.