El país ha sido llevado a una polarización: “o estás con ellos o estás con nosotros”, sugieren todos los actores políticos, económicos, sociales y mediáticos. O eres prominero o eres antiminero. Como bien apuntaba algún columnista en estos días, los argumentos han caído en desuso y las discusiones se resumen en “esos son unos delincuentes extorsionadores” y “el Estado asesino y Ollanta traidor”, y fuera de esos márgenes estrechos no hay consenso ni solución (pacífica) posible, pues ambos lados ven a su interlocutor como ilegítimo. 

Como debería ser evidente por sí mismo, ser antiminero sería tan poco razonable como ser prominero: es decir, estar en contra de toda actividad minera, siempre y en toda circunstancia, sería tan ilógico como estar a favor de toda actividad minera, siempre y en toda circunstancia. Como dice una canción, “todo depende”: del tipo de tecnología utilizada, de las características y fragilidad del ecosistema, de las relaciones que se establezcan con las personas que viven en el lugar (y que serán las verdaderas afectadas de los errores que se comentan en los estudios ambientales o las verdaderas beneficiadas de los aciertos que tuviera la empresa responsable), por supuesto de los deseos de dichas personas respecto de la forma en que quieren que se desarrolle su localidad, en fin, de un sinnúmero de factores. En algunos casos se podrá, en otros no.

La polarización “pro” – “anti” no permite entender estos matices. Viendo la evolución del conflicto por Tía María, parece claro que el movimiento social ha sido presa de esta polarización, y que una parte importante de la población del Valle de Tambo no quiere saber nada de la mina y punto. La pregunta es ¿cómo se llegó a esa polarización?

Creo que la respuesta está en la cancha de la Industria, cuyos voceros y operadores son tan o más “ultras” que los Espartambos. La situación actual de polarización e inexistencia de vías de diálogo, es un resultado muy natural después de que la Industria cerró todas las puertas a las reformas impulsadas el 2011 y que reflejaban un cierto consenso social respecto a la necesidad de una nueva “gobernanza” de la minería en el país.

Pongamos como ejemplo el propio estudio de impacto ambiental (EIA) de Tía María. Cuando las protestas de la población obligaron al gobierno aprista a someter el primer EIA a una revisión internacional, ello expresaba una profunda desconfianza en la manera en que el Ministerio de Energía y Minas aprobaba dichos estudios. Cuando la UNOPS realizó un centenar de observaciones a dicho EIA, ello no hacía sino confirmar esa desconfianza y mostrar que el Estado era, por lo menos, “poco diligente”. Todo ello llevaba a la opinión pública a una conclusión bastante lógica: había que mejorar la manera en que se hacían y aprobaban los EIA y el MINEM no podía seguir siendo juez y parte. Por eso Humala propuso (¡en la hoja de ruta!) “la constitución de un organismo autónomo de regulación ambiental”. Por eso luego se creó el SENACE, aunque con muchos límites desde su diseño institucional.

¡No es posible que, si el primer conflicto de Islay se originaba en la falta de confianza en los EIA, el nuevo EIA haya sido aprobado bajo las mismas reglas de juego! Peor aún: el segundo EIA ha sido aprobado bajo la vigencia del polémico decreto 060, que redujo los plazos de aprobación de estos documentos. Es decir, el nuevo EIA fue aprobado no con las mismas, sino con peores reglas de juego que antes. ¿Y así querían que la población tuviera más confianza?

¿Cómo se llegó a esta situación? Hagamos un recuento: en la primera etapa de su gobierno, Humala propone un conjunto de medidas para reformar la gobernanza de las industrias extractivas: desde una “megaconsulta” para el ordenamiento territorial hasta un organismo autónomo para revisar los EIA, pasando por el fortalecimiento de la OEFA, la regulación de los límites para emisiones contaminantes, entre otras. Para los más ambientalistas, esas medidas eran insuficientes, desarticuladas y de hecho no significaban el triunfo de los “antimineros” ni mucho menos. Pese a ello, aprovechando la reducción del crecimiento económico por motivos internacionales, la Industria y sus operadores políticos y mediáticos lanzaron una campaña que buscaba hacer retroceder al gobierno en sus tímidos avances.

La frase que quedó para la historia (y para la histeria) tiene copyright del señor Roque Benavides: “Se nos ha pasado la mano en los estándares ambientales”. ¿¿Se nos ha pasado la mano?? ¿¿En serio?? ¿¿En un país que tiene metales pesados en todos sus ríos y que alberga algunas hecatombes ambientales como La Oroya, Andoas o Madre de Dios… “se nos ha pasado la mano”?? ¿¿En un país con incipiente regulación ambiental y con dos centenares de conflictos por el tema, que han dejado en los últimos diez años más de 200 personas muertas??

La campaña, liderada por los empresarios mineros con el gentil apoyo de ministros, candidatos presidenciales, economistas y periodistas, rindió sus frutos y el gobierno acabó retrocediendo y dando cuatro paquetes consecutivos de normas. Con los “paquetazos ambientales” se ha atado de manos a la OEFA, los EIA tienen una vía rápida de aprobación, las tierras de las comunidades campesinas y nativas que no han sido aún tituladas por el Estado se encuentran en riesgo, en fin: diga lo que diga Pulgar Vidal, lo concreto es que hoy en día las reglas de juego del sector minero son peores que hace tres años. Las únicas reformas aprobadas se encuentran estancadas: no hay ningún proceso de consulta previa sobre minería y el SENACE aún no está facultado para revisar los EIA mineros, que son precisamente los más conflictivos. De la idea de consulta para el ordenamiento territorial no volvimos a escuchar nada, salvo lo que dice el cuarto paquetazo: que el ordenamiento territorial no puede establecer exclusiones de uso, con lo que este instrumento no tiene ningún poder real.

Ante semejante demostración de poder de los “ultras” del lado empresarial, ¿qué tipo de confianza se pretende que tengan los ciudadanos en la neutralidad del Estado y en la fiabilidad de sus instrumentos ambientales? Pero más aún: ¿qué tipo de expectativas puede tener la población en los mecanismos “democráticos” de solución de conflictos? No debe sorprender que mucha gente sienta que cualquier ofrecimiento y promesa de parte del Estado es una mera mecida para favorecer a las empresas, pues esa es la experiencia concreta que se ha vivido. Así pues, el fundamentalismo empresarial y la tibieza (o traición) humalista no solo han producido un efecto negativo en la política ambiental: han producido un efecto nefasto en la política en sí misma, como vía democrática de búsqueda de consensos. Cuando vemos a los Espartambos lanzando piedras (o en otro ámbito, a los trabajadores de Tumán enfrentándose a la Policía o a los trabajadores de Marcona tratando de ingresar a la fuerza a la empresa), lo que vemos es la derrota de la política y de la capacidad de canalización pacífica de las demandas sociales. Lo que vemos es la reacción de ciudadanos que sienten que todas las demás puertas se han cerrado.