La violencia se ha convertido en una experiencia cotidiana y cada vez parece más desbordada. Desde extorsiones con granadas a negocios en toda la ciudad hasta insólitos asaltos con pistola en buses de transporte público en vías concurridas y a horas punta, la delincuencia es un fenómeno que no deja de crecer, cada vez con mayor audacia y ante una sensación generalizada de impunidad. La proliferación de respuestas espontáneas de la llamada “justicia popular” a través del lema “Chapa a tu choro” es una muestra de que se ha llegado a un punto muy peligroso y que la gente está harta. 

Frente a ello, la agenda de la seguridad ciudadana ha sido monopolizada por los sectores políticos más conservadores, que la utilizan con fines electorales pues saben que son percibidos por buena parte de la opinión pública como más “duros” y aptos para enfrentar esta problemática. Los sectores centristas rápidamente se han dejado arrastrar por esa corriente, y ahora casi todos hablan de “sacar a las Fuerzas Armadas” y respuestas similares. Es urgente promover una agenda progresista y eficaz que dispute estos sentidos comunes y plantee soluciones alternativas y reales.

Lo primero que hay que decir es que la respuesta social espontánea y violenta es –más allá de la discusión en torno a los derechos humanos- totalmente ineficaz. Lejos de reducir la violencia social expresada a través de la delincuencia, estas respuestas pueden producir una espiral sin fin de la que nos arrepentiremos más temprano que tarde: tras chapar y linchar a un avezado choro miembro de alguna banda, empezarán a ocurrir respuestas más violentas y represalias, y las bandas disponen como hemos visto de acceso a armas de fuego y de guerra que ponen a la población civil en desventaja y evidente peligro. Ya hace tiempo sabemos que bajo la lógica del “ojo por ojo” el mundo acaba ciego.

Por otro lado “sacar a las Fuerzas Armadas” o “aumentar las penas” o incluso poner “cadena perpetua” o equiparar delincuencia y terrorismo son simples eslóganes, frases hechas que no apuntan a ninguna solución eficaz. Dado el caso, tendremos a los jóvenes soldados patrullando las calles tan desconcertados como la Policía y en condiciones tan precarias como la de aquellos que combaten en el VRAE; quizás el aparente miedo que proyectan los uniformes verde olivo dará una cierta sensación de calma por un breve tiempo, pero rápidamente las bandas organizadas nos mostrarán que su audacia no se deja intimidar por el color del uniforme. México nos muestra a dónde conduce ese camino.

Lo mismo ocurre con el aumento de las penas: al final, quien decide ingresar al violento crimen organizado ya sabe que eventualmente afrontar penas de 10 o 20 años está entre las probabilidades, y un incremento en ese lapso difícilmente les desincentivará.

Pero la asociación que empieza a hacerse entre terrorismo y delincuencia sí nos resulta útil para mostrar la magnitud del error que se está cometiendo en las propuestas que circulan. Durante 20 años, Perú utilizó una “estrategia” de lucha contrasubversiva que partía de la lógica de “mátalos a todos”. Lejos de disminuir la violencia, ese ingrediente desató una escalada que destruyó al país y fue por supuesto totalmente ineficaz. Se tuvo que esperar la coincidencia de la organización popular a través de rondas y una nueva estrategia policial centrada en la inteligencia, para lograr desarticular ese proceso de violencia. Cabe indicar que, como bien se sabe, el fujimorismo tuvo poca intervención en ese cambio, que se produjo más bien en los niveles policiales y campesinos mientras que el Ejecutivo seguía apostando por una estrategia descaminada.

Así pues, requerimos con urgencia una agenda distinta, que recoja por supuesto muchas de las cosas ya propuestas y ya encaminadas, pero que establezca un marco nuevo, con imaginación, con audacia y con voluntad de enfrentar los asuntos de fondo antes de que la violencia social acabe de salirse de las manos.

Entre algunos puntos de una agenda inmediata señalo los siguientes:

Redistribución justa de los recursos policiales. Hoy por hoy, la inseguridad en los barrios es una muestra de la injusticia social. Mientras San Isidro cuenta con un policía por cada 270 habitantes y Cercado uno cada 341 habitantes; en Callao hay uno cada 1,325 habitantes y en San Juan de Lurigancho uno por cada 2,641 habitantes. Es perfectamente factible reordenar de manera justa esta distribución y aumentar así de manera rápida los recursos disponibles en los barrios populares. 

Policía a tiempo completo y bien pagada. No es posible tener a los efectivos policiales “cachueleando”: necesitamos finalizar este régimen absurdo y garantizar un salario digno y derechos laborales plenos para quienes deben encargarse de la seguridad. Reestructurando el presupuesto nacional sin duda es posible acelerar este proceso e incrementar así el número de efectivos disponibles para la fuerza pública.

Inteligencia para enfrentar el crimen organizado: como sabemos nosotros mejor que nadie, el seguimiento paciente es efectivo para desarticular hasta a las organizaciones más sangrientas y clandestinas. Ocurren cosas increíbles, como que Oropeza pueda comprar lujosos vehículos en el mercado formal sin que la SUNAT identifique rápidamente una incongruencia entre estos gastos y sus ingresos declarados. Requerimos centralizar toda la información que pueda servir para identificar a las bandas de crimen organizado y constituir un equipo capaz de usarla hábilmente.

Organización popular para la paz social: la práctica de las “rondas” es una experiencia positiva, por supuesto que sí. Dentro de un marco de respeto a los derechos humanos y no de manera espontánea y brutal sino de manera organizada, las personas que viven en cada barrio son las mejores aliadas del Estado para prevenir la violencia y pacificar dichos barrios. Una alianza firme Estado-rondas, con preparación, logística, financiamiento, es posible y necesaria. Evidentemente, esta alianza incluye capacitación y garantías para los derechos humanos, pues el objetivo debe ser prevenir y controlar, no vengar ni mucho menos permitir el abuso de poder.

Trabajo comunitario para cortar el flujo de jóvenes hacia la delincuencia. De manera rápida es factible generar un marco legal para impulsar de inmediato un proceso judicial expeditivo y la pena mediante el trabajo comunitario y el servicio a la nación de jóvenes que delinquen por primera vez en delitos de poca gravedad, fin de que cumplan una pena resocializadora fuera de la cárcel, en coordinación con el sistema de justicia y rondas ciudadanas. Lo peor que podemos hacer es permitir que siga creciendo el flujo de personas que ingresan a la cárcel y encuentran en ella una verdadera “universidad” donde adquieren conocimientos y contactos que los orientan hacia delitos más graves. Existen experiencias exitosas de este tipo de programas.

Estas y otras medidas podrían implementarse de manera bastante rápida y reducir el clima de violencia social o cuando menos impedir que siga creciendo al ritmo actual. Sin duda, estas medidas inmediatas deben complementarse con un conjunto de reformas (de la institución policial, de la formación policial, de las condiciones laborales de la Policía, del sistema de justicia y particularmente de la cárcel, que es hoy en día uno de los principales vectores de propagación del delito) que ya han sido planteadas, algunas de ellas inclusive desde los lejanos tiempos del CERIAJUS. Es urgente destugurizar las cárceles e implementar un programa de gran alcance para la reinserción social de los internos, que es la única manera realmente efectiva de impedir su reincidencia. Otra reforma de mediano aliento es la referida al control de armas: a más armas en el mercado, más posibilidades de que estas fluyan hacia usos ilícitos. Todas estas reformas requieren así mismo un conjunto de inversiones estratégicas en equipamiento e infraestructura (por ejemplo, interconectar e informatizar las comisarías) y en formación. También se requiere cambiar la actual estrategia “antidrogas” por una política de control de daños y poner fin a la fallida “guerra” de 40 años que es un vector que está generando una espiral de violencia incontenible.

Finalmente, este conjunto de acciones inmediatas, reformas de mediano alcance e inversiones estratégicas, si bien ayudarán mucho, serán por sí mismas incapaces de “solucionar” el problema de la violencia social si no se aborda la problemática de fondo. El problema de fondo tiene que ver con una sociedad que no está ofreciendo oportunidades de desarrollo para millones de jóvenes. El perfil del preso muestra muy claramente que la falta de oportunidades económicas y educativas, la deserción escolar, la violencia familiar, la falta de espacios alternativos de socialización en los barrios, son factores que predisponen a un sector creciente de jóvenes a incursionar en actividades delictivas. Así pues, el marco global de acción debe estar enfocado en garantizar educación de calidad para todxs, inserción laboral, oportunidades microempresariales, así como espacios de socialización a través de la cultura, el deporte, la organización popular, y otros espacios de desarrollo para adolescentes y preadolescentes, especialmente aquellos cuyos padres trabajan y están ausentes de casa. En el mediano plazo, sólo una sociedad con oportunidades, con mayor equidad social, donde se superen las injusticias y fracturas sociales, será capaz de construir una cultura de paz.