Con lo que ha ocurrido esta semana, el fujimorismo ha grabado de manera indeleble para la Historia su reiterado vínculo con el autoritarismo, la prepotencia y el golpismo.

Los Fujimori perdieron dos elecciones consecutivas. El pueblo peruano les negó, por el momento, la posibilidad de ingresar por la vía democrática al gobierno. Y ahora se hayan embarcados nuevamente en un proceso de desestabilización del poder legítimo que podría terminar -más temprano o más tarde- generando una crisis del gobierno de PPK y eventualmente una vacancia y un adelanto de elecciones. Sería su “venganza” perfecta para saldar la vacancia por incapacidad moral que sacó a Fujimori I del cargo. Sin duda esta posibilidad está entre las opciones que barajan y el propio Mulder ya lo hizo explícito.

El problema -que ellos probablemente no logran ver- es que si ese plan se concreta, serán responsables ya no de uno, sino de dos golpes. A Keiko le ha costado 16 años tratar de borrar el estigma del 5 de abril, tratar de convencer a la opinión pública que ese fue un “momento excepcional” y que -bueno o malo- no lo repetirían nunca más. Y ahora resulta que nuevamente acarician la posibilidad de un golpe de fuerza para “borrar” el resultado de unas elecciones que no les fueron favorables y hacerse con todo el poder. ¿Así que no era un hecho “excepcional” sino la única manera que conocen de tener poder?

No sólo se trata de la posibilidad de un golpe parlamentario. Todo es una reedición de la prepotencia noventera: las mentiras más obvias usadas como “agumento” sin ningún rubor; los escuadrones de linchamiento en redes sociales que son lo más parecido a los diarios chicha de Montesinos; la acusación violenta y sin pruebas contra cualquiera que se atreva a cuestionarlos (periodista, tuitero o lo que fuera)…

Así pues, si el parlamento hubiera podido servirles como una prueba de que “habían cambiado”, ahora ellos mismos se han encargado de dejarle en claro al país que no han cambiado. Que son exactamente iguales.

Sin embargo, la disyuntiva que enfrentan ahora es muy díficil. Si llevan hasta el final su plan golpista (¿para qué esperar 5 años al resultado incierto de las próximas elecciones si tienen la fuerza para vacar a PPK?) se habrán autoinfligido un daño irreparable ante la opinión pública. El 2011 y el 2016 habían logrado persuadir casi al 50% de peruanos, pero les faltó un pequeño pero decisivo porcentaje que en ambas oportunidades pudo haber votado por ellos, pero no les creyó. Ese sector decisivo del electorado prefirió en 2011 a un seudo chavista y el 2016 a un conocido lobbysta gringo: es evidente, pues, que no era un voto programático sino básicamente de rechazo a lo que significaba el fujimorismo. ¿Creen que mintiendo y abusando del poder que el pueblo les entregó, van a mejorar su performance en unas próximas elecciones? Por el contrario, es el camino seguro a destruir la incipiente confianza que habían tratado de construir en sectores medios del electorado. Esto les impedirá conseguir los votos que, justamente, aún necesitan para poder ganar las elecciones que ya han perdido dos veces.

Pero si no llevan hasta el final su plan golpista, corren el riesgo de cargar durante los próximos cinco años con los pasivos de PPK. Han hecho un alarde tan explícito de su poder, que si deciden no cortarle la cabeza a PPK, el electorado acabará por asumir que lo están sosteniendo. Si, por ejemplo, se concreta un anunciado diálogo y las tensiones bajan o incluso se generan las condiciones de un cogobierno (el sueño húmedo de algunos asesores de PPK, como se ha podido notar en Twitter en estos días), será también muy difícil deshacerse de esa imagen para las elecciones.

Están entre la espada o la pared. Y hoy han despertado con mucha fuerza al antifujimorismo en las calles y se han abierto un amplio flanco de periodistas críticos que ya no se van a comer fácilmente sus mentiras. La ciudadanía está alerta y empieza a movilizarse ante la cada día más evidente amenaza que significa el fujifascismo.